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Santiago,Chile – En medio del júbilo de los grupos de derechos humanos por la racha sin precedentes de victorias logradas en los más altos tribunales chilenos, una tormenta silenciosa comienza a gestarse entre miembros retirados y activos de la fuerzas armadas del país que sienten que la búsqueda de justicia ha ido demasiado lejos.

“Hay una sensación de frustración, de haber sido abandonados y entregados”, dijo el General Rafael Villarroel, resumiendo el sentimiento de más de 200.000 oficiales retirados que integran el gremio “Chile Mi Patria” del cual es el presidente.

La frustración halló una inquietante expresión el 17 de Enero cuando el Coronel retirado Germán Barriga Muñoz saltó desde el piso 18 de un edificio de oficinas.

Enfrentaba cuatro juicios separados de derechos humanos cuyos cargos venían desde sus días como integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) la que, con otras ramas militares fué responsable de la muerte y desaparición de más de 3.000 personas en Chile entre los años 1973, cuando el Gen . Augusto Pinochet tomó el poder de un gobierno elegido, y 1990 cuando fue desalojado.

En su nota de suicidio, el Coronel Barriga dijo que los años de persecución pública a su pasado se habían convertido en agobiantes y se refirió a sus dificultades para mantener a su esposa enferma después de perder un empleo por tercera vez.

En la nota, se queja de “estar sujeto a restricciones legales, lo que me significa tener que testificar ante cuatro diferentes tribunales cada mes mientras mi currículo era manchado por grupos especiales de interés, con amigos dándome vuelta la espalda y haciéndoseme imposible encontrar un trabajo honorable… Les ruego me perdonen y traten de entender que para mí, esta situación se ha hecho insoportable”.

Después de su retiro del Ejército en 1991, el Coronel Barriga trabajó por dos años pero fue despedido cuando su empleador supo que había sido parte de la DINA. Después encontró trabajo en una empresa de alimentos congelados pero luego debió partir. El último despido vino el año pasado luego de haber sido blanco de una “funa” – una marcha de protesta integrada por familiares y simpatizantes que lo acusan de crímenes. Los protestantes portando pancartas y gritando “asesino”, aparecían enfrente de su casa y en una cadena de supermercados, donde trabajaba entrenando guardias de seguridad.

Tales demostraciones habían ganado fuerza en años recientes. En respuesta, el Coronel Barriga había comenzado a organizar un grupo llamado Movimiento 10 de Septiembre formado por unos 300 oficiales retirados opuestos a las funa – algunos dicen con violencia.

David Alvarez, un investigador de de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, un centro independiente de estudios, dijo que las funas tuvieron su origen en la frustración de familias que no encontraban justicia en los tribunales. “Así, decidieron tomar el asunto en sus propias manos para tratar de asegurar que esa gente no pudiera vivir en la impunidad, llevando una vida normal”.

Los abusos de derechos humanos cometidos por militares y miembros de la policía después del golpe chileno de 1973 estuvieron protegidos por décadas por una ley de amnistía. Pero en Noviembre, una decisión de la Corte Suprema anuló la amnistía para los casos de detenidos “desaparecidos”. Abogados de derechos humanos argumentaron con éxito que al no haberse encontrarse nunca los cuerpos de los detenidos, esto constituye un “secuestro permanente”, lo cual va más allá del período de la amnistía 1973 – 78 y por tanto, pueden ser procesados como crímenes contínuos.

Oficiales militares retirados expresan su indignación ante este dictamen de las cortes al cual se refieren como “una ficción legal”.

Las resoluciones de amnistía ya han comenzado por encontrar convicciones en más de 300 casos de desapariciones llevados ante las cortes y el gobierno del Presidente Ricardo Lagos ha anunciado la construcción de una nueva penitenciería que contenga a los generales retirados convictos.

Otros casos militares también comienzan. El General Pinochet enfrenta un juicio por nueve secuestros y un asesinato.

El 28 de Enero, quince ex miembros de la Central Nacional de Informaciones fueron condenados después de una investigación de seis años de la Operación Albania, que significó la muerte de 12 enemigos del régimen militar en 1987.

También, el 28 de enero, cinco ex miembros de la DINA, cuyas condenas fueron ratificadas por la Corte Suprema, fueron enviados a prisión. El Gen. Manuel Contreras rehusó presentarse en la Corte y se resistió al arresto en su domicilio, habiendo finalmente sido forzado por una docena de policías.

Cuando fue llevado a la Corte, una multitud que lo esperaba le lanzó botellas, huevos y frutas mientras le gritaba “asesino”. Fue una demostración de odio que muchos oficiales retirados temen que va en aumento.

El Gen. Contreras aún fustigó al Comandante en Jefe del Ejército llamándolo traidor por no haberle dado protección como “general de la república”.

Desde la avalancha de condenas, las funas se han reducido en meses recientes. Pero el desfile de oficiales ante los tribunales enfurece a los retirados.

“Somos esclavos del pasado” dijo el general retirado Sergio Espinoza después del funeral del Cor. Barriga. “El elástico está siendo estirado demasiado lejos”.

“Este país ha sido muy injusto con sus militares” dijo el Gen. Villarroel. “Hay un sentimiento de impotencia ante este torcido estado de derecho. Sin embargo, políticos de todos los colores han dicho que este asunto no les compete. Y hay una preocupante atmósfera de indiferencia nacional hacia este importante sector de la sociedad chilena que tiene valores, principios y patriotismo”.

Los militares chilenos han sido desde largo tiempo venerados y mucha gente aún apoya el golpe de 1973, argumentando que fué el único camino para conjurar la guerra civil. El Gen. Pinochet mantiene hasta hoy entusiastas admiradores.

El Gen. Villarroel dijo que en círculos militares y entre gente de derecha prevalece la sensación de que los tribunales están siendo manejados por el gobierno de Lagos, y que la búsqueda de justicia ha ido desde los intentos de reconciliación hasta una campaña de venganza.

Dice que también los tribunales han venido olvidando la cadena de mando al condenar a soldados “que sólo cumplían órdenes”. El Coronel Barriga es un ejemplo manifiesto – un Teniente sacado de los cuarteles e instalado en la DINA.

Su hija, María Isabel Barriga, dijo que su padre pudo haber sido muerto si se hubiese rehusado.

“Si mi padre en alguna ocasión fue ordenado de matar o enterrar a alguien, ello habría constituído una orden y habría tenido que cumplirla. El era un soldado”, dijo en una entrevista publicada por “El Mercurio”.

“El día que le comunicaron de que estaba destinado a la DINA, se lo contó a mi madre y ambos lloraron juntos – talvez porque sospechaba la clase de órdenes que debería cumplir. Los generales de ese tiempo, como Augusto Pinochet y Manuel Contreras, que estaba a cargo de la DINA son los responsables de lo que le ocurrió a mi padre”.

Tal culpa no tiene eco en muchas personas dentro del estamento militar. De hecho, el Gen. Villarroel dijo que los abusos en los días y años después del golpe militar deben ser entendidos como “un mal necesario”, dado el contexto histórico.

“Chile estaba viviendo una espiral de violencia debido al terrorismo de grupos izquierdistas que comenzó ya en 1964 para tener su máxima expresión durante el gobierno de Allende”, dijo el Gen. Villarroel. Agregó que así como el gobierno hizo un exámen de los militares a través de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura – popularmente conocida como Comisión Valech, por su presidente , el obispo Sergio Valech, quien entregó al gobierno un informe de 1.200 páginas – Chile Mi Patria requiere que el gobierno investigue, con iguales recursos, la opresión política entre 1960 y 1973.

“El gobierno de Allende había sido declarado inconstitucional. Al igual de lo que ocurrió en Haití el año pasado, había revueltas en las calles. Por tanto, los militares respondieron para restablecer la paz”.

Aunque muchos chilenos entienden los excesos militares, la gran mayoría concuerda en la necesidad de resolver el pasado con urgencia. El día del suicidio del Coronel Barriga, la Corte Suprema declaró que todos los casos de derechos humanos que hoy están en los tribunales deben ser resueltos dentro de seis meses.

Los abogados de derechos humanos se oponen a este límite, arguyendo de que ello conducirá a sentencias apresuradas e investigaciones incompletas.”La decisión es fatal porque pone límites de tiempo arbitrarios e irracionales”, dijo Nelson Caucoto, abogado de derechos humanos. “ Los acusados pueden simplemente esconder sus cabezas bajo el agua por seis meses , dilatando o rehusándose a declarar, hasta que el caso sea declarado cerrado”. Agregó que se requieren buenos dos años para mover una causa a través del lento sistema judicial chileno.

Los abogados han presentado una demanda constitucional contra la decisión de la corte.

Entretanto, el gobierno ha elaborado un borrador destinado a poner un límite de dos años a los casos de derechos humanos – una movida que ha sido rechazada por el Partido Socialista de la coalición gobernante.

Pero la corte insiste en que estos casos se arrastran ya demasiado tiempo y es necesario ponerles un pronto fin.